A pocos días de las elecciones, las campañas de l@s candidat@s están agotando sus últimos recursos estratégicos y logísticos.
Claudia Espinoza, 42 años, geógrafa de profesión y con más de quince años de servicio público (ver nota), ha recorrido su distrito 6 varias veces, recogiendo los anhelos y deseos de mucha gente, en una particular acción de puerta a puerta donde no ofrece ni promete, sino que escucha y comparte.
“Ese ha sido el sello de mi campaña, con un equipo muy sensible y que nos ha permitido llevar a la práctica concreta nuestro slogan “El nuevo Chile lo escribimos junt@s”, señala la candidata.
El agua como la gran demanda de la región interior, las pensiones dignas, el acceso a la salud sin trabas, la verdadera calidad para una educación agonizante, sueldo universal, la libertad real y la inspiración feminista para los derechos de igualdad y equidad, son temas que la campaña de Claudia Espinoza ha levantado con fuerza y mucho apoyo, entre otros como la naturaleza, los animales, el desarrollo del arte y la cultura, el municipalismo y el gobierno semipresidencial.
Pero uno de los temas que para la candidata constituyente tiene un especial significado es el de las personas en situación de discapacidad, área que la mayoría de las veces no ha sido considerado en temas políticos y sociales.
“Chile ratificó desde el 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, con un extenso cuerpo de derechos por los cuales el Estado chileno debe hacerse cargo.
Esa convención generó la modificación en una ley bastante vieja que es del año 1994, y en el año 2010 se promulga la ley N° 20.422.
Esta ley consagra derechos fundamentales para las personas en situación de discapacidad, pero hasta ahora no ha sido más que un tibio y débil acercamiento, porque nunca ha tenido suficientes recursos y muchos artículos no tienen reglamentos para poder llevarla a la práctica”, explica Espinoza.
Consultada respecto a cuál es el énfasis que considera necesario, la candidata dice que se ha gastado mucho tiempo en debatir y poco en concretar.
“Se discute mucho en relación a que si el Estado chileno debe cumplir específicamente o en su totalidad cada uno de los puntos de la ley, y eso se da también porque al Poder Judicial le hace falta hacer mayores análisis, obtener más conocimiento y poner en práctica la defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad”, precisa.
Uno de los temas menos abordados es el de las personas con discapacidad mental. ¿Cómo poder dar una salida en esa materia?
“Hace falta un debate serio y una urgencia fundamental en cuanto a mejorar el sistema de capacidad jurídica entorno a las personas con discapacidad mental de causa psíquica o intelectual.
Hoy, pareciera que la declaración de interdicción sea una práctica demasiado recurrente y liviana y muchas de dichas sentencias podrían no ser tales si es que la persona pudiera acceder a mayores apoyos.
Existen muchas personas en situación de discapacidad que pudiendo administrar sus bienes no lo hacen, porque están declarados interdictos y como consecuencia, son maltratados psicológicamente.
Una de las propuestas más serias que he recibido en esta materia es la de entender que una discapacidad como el TEA (Trastorno de Espectro Autista) es una condición y no una enfermedad y si lográsemos como sociedad comprender eso, que la persona que nace autista no se va a “mejorar” pero sí podrá adquirir habilidades para una vida más autónoma e independiente, poder contemplar en la ley que sus padres o quienes sean los responsables de su crianza, cuidado y educación, sean automáticamente sus representantes legales cuando alcanzan la mayoría de edad, pues se les exige declarlos interdictos para obtener beneficios y se les priva de las oportunidades laborales que posiblemente llegan más tarde en comparación con las personas que no tienen discapacidad.
Este país se ha centrado mucho en la discapacidad física, instaurando una histórica deuda con la discapacidad mental en general, y con el autismo en particular”, señala.
¿En qué aspectos concretos observa usted que las personas en situación de discapacidad no están en igualdad de condiciones?
“He recogido realidades impresionantes de familias en las que está presente la discapacidad de alguno de sus hijos, hermanos o nietos. Enfrentan problemas de acceso a la salud, a la educación y a la igualdad de oportunidades.
Son enormes las brechas de acceso a la rehabilitación y al acceso médico para las personas en situación de discapacidad.
El servicio público tiene horas copadas y tiene muchas prestaciones que no están cubiertas por la garantía GES, y en el sector privado las consultas son bastante caras.
Existen programas de integración escolar, pero eso no es suficiente porque el sistema educativo tiene que cambiar esencialmente para que exista igualdad de oportunidades y una inclusión verdadera.
Otra brecha es la del acceso al trabajo, la obligación de contratación del 1% prácticamente no se cumple. Son muchos los temas”, finaliza.
Jueves, 13 de Mayo de 2021
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